La defensa pública de cuatro expolicías y un exministro de Gobierno bonaerense, imputados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, pidió la absolución de los imputados por “orfandad probatoria” para probar que cometieron dolo y sabían que eran parte de un aparato de exterminio y considerar prescriptos esos delitos.
“No se ha demostrado la responsabilidad de ninguno de mis asistidos”, sostuvo el defensor público, Gastón Barreiro al alegar ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que juzga los crímenes de seis personas y la sustracción de la identidad de tres menores de edad, hijos de una de las víctimas.
Barreiro es defensor oficial de los expolicías Juan Miguel Wolk, Armando Antonio Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart.
Esos expolicías y el exfuncionario están acusados, junto a otros dos expolicías cuya defensa también pidió la absolución la semana pasada, por su participación en dos operativos policiales en los que fueron asesinadas seis personas, entre ellas Vicenta Orrego Meza, a quien tras matarla le sustrajeron los hijos, los que fueron alojados en un instituto de menores dependiente de la iglesia católica, el Hogar Casa de Belén, de Banfield, donde los dos niños y la niña fueron maltratados y abusados sexualmente.
El defensor oficial Barreiro aclaró que su alegato “no implica defensa ideológica” de la dictadura pero reclamó la absolución de sus defendidos por considerar que están siendo juzgados por delitos que “al momento de la comisión no estaban incorporados a nuestra legislación interna”, en alusión a los delitos de genocidio y lesa humanidad.
“No se ha demostrado que (sus defendidos) tuvieran conocimiento de que eran integrantes de un aparato de poder que tenia como objetivo el exterminio de personas”, destacó.
Reclamó “la extinción de la acción penal por ausencia de dolo” y afirmó que en el caso del exministro Jaime Smart “ya fue juzgado por hechos similares”.
“No hay identificación de su participación en cuanto a hechos particulares”, precisó y graficó que en el caso de Smart y Wolk “no ha sido demostrado cómo se ordenaron los hechos, cómo se retransmitieron las órdenes, de que manera tuvieron por finalidad esas conductas en relación a las víctimas”.
Para el defensor, de la prueba documental del juicio surgen tres conclusiones: que la misma narran acontecimientos, que no mencionan a los acusados y nombran dependencias intervinientes”.
“Nada dice respecto a cuál es el rol que pudo haber realizado cada uno”, puntualizó Barreiro, quien por pedido del Tribunal continuará el resto de su alegato el jueves próximo
En marzo de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata inició el juicio unificado que investiga el operativo de marzo de 1977, donde fueron asesinadas Vicenta Orrego Meza y otras víctimas y, por otro, juzga lo ocurrido con los tres hijos de Vicenta, a quienes se retuvo, ocultó su identidad y abusó sexualmente en un hogar para niños de Banfield.
Por los crímenes de Vicenta y de otras cuatro personas están imputados Juan Miguel Wolk, Catinari, Francescangeli, Armando Antonio Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart.
Por los hechos acaecidos en el Hogar de Belén entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983, vinculado a las violaciones sexuales, golpizas, abusos y retención y ocultamiento de la identidad sufridas por los hermanos Carlos Alberto Ramírez, María Ester Ramírez, Alejandro Mariano Ramírez, hijos de Vicenta, cuando se los internó en el Hogar de Belén, en Banfield, es juzgada la exsecretaria judicial Nora Pellicier.
La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata pidió la pena de prisión perpetua para Smart, el excomisario Wolk y los expolicías bonaerenses Catinari, Francescangeli, Calabró y Chávez por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Adrogué.
También los acusaron por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de Llavallol.
