Las entidades profesionales se oponen a un proyecto impulsado por Javier Milei que plantea eliminar la matrícula obligatoria. Advierten sobre el peligro de desmantelar los mecanismos de control y supervisión.
El gobierno encabezado por Javier Milei avanza con una propuesta legislativa cuyo objetivo es suprimir la obligatoriedad de la matrícula profesional y reducir las competencias de los colegios profesionales. Esta medida provocó un rechazo generalizado por parte de múltiples organizaciones, que denuncian un intento de desarticular el sistema de control ético y técnico sobre el ejercicio profesional.
La iniciativa fue presentada por la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, y propone modificar el Decreto 2293/92. Entre sus puntos principales, elimina la exigencia de matriculación en los colegios y promueve la creación de un Registro Nacional de Profesionales bajo la jurisdicción del Ministerio de Capital Humano. A su vez, suprime el cobro de cuotas obligatorias y redefine el papel de los colegios, limitándolos a funciones administrativas.
Los colegios profesionales advierten que esta iniciativa desmantelaría un sistema con más de cien años de trayectoria, que garantiza la calidad en la práctica profesional. Destacan que estas instituciones son responsables de la supervisión ética, la fiscalización, la actualización permanente y la defensa jurídica de los matriculados. Sin los recursos ni la autoridad que hoy poseen, estas funciones quedarían vacías de contenido.
El proyecto que apunta a desarticular la función de los colegios profesionales
Además de eliminar las fuentes de financiamiento, la propuesta establece un plazo de 120 días para que los colegios entreguen sus registros al nuevo organismo nacional. Asimismo, les quita sus facultades sancionatorias, regulatorias y de recaudación, lo que en la práctica supone su disolución como órganos de control del ejercicio profesional.
La reacción fue inmediata. La Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP) y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social emitieron un documento conjunto expresando su rechazo “unánime y categórico” a una reforma que consideran inconstitucional, centralizadora y perjudicial para la calidad de los servicios.
Ambas instituciones recordaron que el artículo 121 de la Constitución Nacional preserva a las provincias todas aquellas competencias no delegadas al Estado nacional, entre ellas la regulación del ejercicio profesional. Por lo tanto, señalaron que la iniciativa implica una intervención indebida del gobierno central en áreas reservadas a las jurisdicciones provinciales.
“Este proyecto implica desfinanciar, desregular y desproteger”, señalaron desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Indicaron que, sin la estructura que hoy sostienen los colegios, peligran funciones esenciales como la auditoría ética, la formación continua y la prevención de la mala praxis. Advirtieron que la medida afecta directamente la salud pública, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional.
Amplio rechazo a la propuesta del gobierno nacional
Las críticas también apuntan a los fundamentos esgrimidos por el oficialismo, que justifican la reforma en términos de “reducción de costos” y “simplificación burocrática”. Según las entidades profesionales, estos argumentos abren paso a prácticas de baja calidad y mayores riesgos. Además, mencionan que en aquellas provincias donde la colegiación es débil, se han multiplicado los casos de intrusismo, mala praxis y falta de control.
De forma paralela al debate legislativo, el Ministerio de Salud dictó la Resolución 1641/2025, que establece que los profesionales que se desempeñen en organismos del Estado nacional solo requerirán matrícula nacional para ejercer, eliminando la exigencia de matriculación provincial en esos casos. Esta decisión profundiza la política de recentralización promovida por el Ejecutivo.
En respuesta, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado reafirmando que la supervisión del ejercicio profesional en la provincia sigue siendo competencia exclusiva del colegio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 5413/58. Asimismo, advirtieron que la resolución del Ministerio no puede contradecir la normativa provincial ni modifica las condiciones para la práctica profesional en consultorios privados, clínicas o establecimientos de gestión mixta.
Finalmente, la Coordinadora de Cajas alertó sobre las consecuencias para el sistema previsional de las profesiones. Explicaron que estas entidades se sostienen con aportes de los propios trabajadores y responden a las particularidades de cada provincia. La implementación de un esquema nacional, sin diálogo ni participación de las cajas, generaría incertidumbre y desprotección para miles de profesionales y sus familias.
