El Poder Ejecutivo ordenó la disolución del grupo especial que analizaba la situación de $Libra, el activo digital promovido por Javier Milei, en el marco de una causa por presunto fraude.
El Gobierno nacional dispuso este martes la eliminación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), constituida en febrero para examinar el caso relacionado con la criptomoneda $Libra, impulsada públicamente en redes sociales por el presidente Javier Milei. El Decreto N.º 332/2025, publicado en el Boletín Oficial, fue firmado por el jefe de Estado y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La UTI fue creada el 19 de febrero, apenas cinco días después de que el presidente difundiera un mensaje en redes respaldando el criptoactivo. Su misión consistía en recopilar información sobre $Libra y colaborar activamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, la unidad había recibido aportes de numerosos organismos estatales, entre ellos: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central (BCRA), la Secretaría General de la Presidencia, la Casa Militar, Migraciones, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica, entre otros.
Según explicó el Ejecutivo, la UTI habría cumplido su objetivo al confeccionar un informe que ya fue entregado al Ministerio Público Fiscal. Por ello, se decidió su disolución, tras tres meses de actividad.
Esta decisión también se interpreta como una maniobra del Gobierno para desactivar el conflicto político que desató el caso en el Congreso. La comisión especial de Diputados encargada de abordar el tema quedó bloqueada tras una jugada de Martín Menem, quien dividió a los bloques aliados al oficialismo, generando una paridad de catorce votos que impidió avanzar con la designación de autoridades.
La oposición intentará reimpulsar la comisión este miércoles, en una sesión dedicada al debate previsional. Entretanto, los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) esquivaron dos citaciones legislativas, aunque podrían ser requeridos a comparecer directamente si la comisión logra ser constituida.
Desde la Casa Rosada, la estrategia es contener el tratamiento institucional del caso dentro de las comisiones permanentes existentes, apoyándose en informes técnicos oficiales. Sin embargo, sectores dialoguistas cercanos al Gobierno insisten en que la causa debe resolverse exclusivamente en sede judicial.
Avance judicial de la causa $Libra
En simultáneo, el expediente penal continúa bajo la conducción de la jueza María Servini de Cubría, quien ordenó el bloqueo de bienes y cuentas de los principales involucrados en la supuesta maniobra fraudulenta. Además, dictó medidas confidenciales para profundizar en el análisis patrimonial del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia.
El fiscal interviniente también solicitó a especialistas en análisis financiero propuestas de medidas para investigar la evolución económica de los hermanos Milei, así como de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos vinculados al evento Tech Forum, donde habría surgido el proyecto $Libra.
En el mismo fuero penal federal, se incorporó una nueva denuncia contra Karina Milei, a quien se acusa de haber cobrado sobornos a cambio de gestionar entrevistas con el presidente. La presentación la describe como “la valijera” del Gobierno.
