Un fallo judicial suspendió la decisión del Gobierno nacional de pasar a disponibilidad a 286 empleados del INTA, de los cuales 55 pertenecían a La Plata. La medida incluyó además una multa de $10 millones diarios en caso de incumplimiento, aunque el personal mantiene el estado de alerta.
La resolución judicial trajo alivio a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya estructura en la región concentra 72 empleados en dependencias de Los Hornos, Florencio Varela, El Pato y Berisso. Según advirtieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el pase a disponibilidad equivalía a un “despido encubierto” que ponía en riesgo la continuidad del organismo en el cinturón frutihortícola.
El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Sergio Resa, señaló que la medida del Ejecutivo impactaba en el 76% del plantel local y limitaba totalmente la capacidad operativa del INTA. Delegados gremiales remarcaron que, pese al fallo, seguían en asamblea permanente porque el vaciamiento implicaba la desaparición de políticas destinadas a la agricultura familiar, como las que dieron origen a desarrollos tecnológicos aplicados al campo.
En paralelo, los trabajadores planificaban actividades de visibilización. Este miércoles se presentarían en una reunión de Ciencia y Técnica del Conicet, mientras que el viernes realizarían una muestra de maquinarias en Gorina. Además, preparaban una acción más amplia en Los Hornos, en la sede del Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar, donde buscaban advertir sobre el impacto de los recortes en la producción agropecuaria de la región.
