La norma fue aprobada tras el rechazo al veto de Javier Milei y alcanzó amplio respaldo en el Congreso. El Ejecutivo advirtió que no la reglamentará hasta resolver el financiamiento y pidió al Parlamento precisar las partidas.
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Discapacidad, sancionada luego de que el Congreso dejara sin efecto el veto presidencial. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Ejecutivo no la reglamentará hasta que se determinen los recursos para cubrir el impacto fiscal. El funcionario reclamó a los legisladores que indiquen de qué áreas saldrán los fondos.
La propuesta había sido impulsada por la oposición y obtuvo apoyo mayoritario en ambas cámaras, donde superó los dos tercios necesarios para revertir el veto de Milei.
Francos sostuvo que el Gobierno cumplió con la promulgación, aunque aclaró que la reglamentación quedará en suspenso. “La norma abrirá la posibilidad de nuevas pensiones por discapacidad. Primero habrá que revisar si las ya concedidas se otorgaron de manera correcta”, declaró a Clarín. El ministro coordinador insistió en que el Congreso deberá definir las partidas y recordó que la Ley Financiera obliga a prever el financiamiento de cada medida. “¿De dónde sacamos? ¿De los jubilados para pasar a discapacidad?”, ironizó.
El costo fiscal
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la normativa sumará entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un gasto de entre $1,88 y $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, estimó $278.323 millones para compensación a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
La aprobación de la Ley ocurrió tras fuertes protestas sociales por la crisis del sistema de atención, afectado por el congelamiento de recursos y la baja de beneficiarios luego de una auditoría objetada. El debate se profundizó tras la salida del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apartado luego de la difusión de audios sobre presuntos pedidos de coimas.
Los puntos centrales de la Ley
La norma estableció cinco medidas principales:
- Pensiones no contributivas para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos inferiores a dos salarios mínimos, no perciban beneficios similares y superen evaluación socioeconómica. El monto será del 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado dentro de los topes.
- Conversión automática de pensiones previas sin necesidad de trámites adicionales.
- Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, vinculada al IPC que publica el INDEC.
- Régimen de regularización fiscal y previsional para empresas y trabajadores del sector, con condonación de intereses y refinanciación de deudas.
- Refuerzo financiero y operativo de la ANDIS como organismo central de la política de discapacidad.
