El Ejecutivo planteó controles sobre el financiamiento universitario, aunque la AGN no pudo emitir informes por falta de autoridades designadas en el Congreso.
El presidente Javier Milei anunció auditorías sobre el uso de los recursos en las universidades públicas, pero la Auditoría General de la Nación (AGN) permaneció sin funcionamiento pleno. El organismo solo contó con un miembro, Juan Manuel Olmos, cuando la ley exige siete. Las designaciones dependían de las Cámaras encabezadas por Martín Menem y Victoria Villarruel, que todavía no convocaron a debate.
La situación se dio en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. Desde 2023 el Gobierno operó con un presupuesto prorrogado que redujo el financiamiento de la educación superior y deterioró los salarios docentes en más de un 30% en menos de dos años. En paralelo, el Ejecutivo vinculó los reclamos a presuntos gastos indebidos, como autos de lujo o choferes con altos sueldos. Sin embargo, a 17 meses de la primera Marcha Federal Universitaria, las auditorías nunca comenzaron y este miércoles se prevé una nueva movilización frente al Congreso de la Nación.
Las universidades manifestaron preocupación por la falta de controles efectivos. La UBA solicitó formalmente ser auditada en 2024, pero no recibió informes. La UNLP y la UNR confirmaron que tampoco fueron notificadas, y en Rosario se registraron más de 100 renuncias docentes por pérdida salarial. Otras instituciones, como la UNMdP y la UNLaM, suspendieron proyectos de investigación, obras de infraestructura y programas de becas. Mientras tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, evitó dar respuestas sobre la caída de fondos y la parálisis de la AGN.
