La medida fue ordenada por el juez federal Alberto Recondo para garantizar mejoras en la planta que trata efluentes de La Plata, Berisso y Ensenada. El gobierno de Axel Kicillof sostuvo que la decisión judicial resulta “de imposible cumplimiento” en el contexto financiero actual.
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires presentará una apelación contra el embargo por $157.164 millones dispuesto por la Justicia Federal para asegurar obras de saneamiento cloacal en la Región Capital. La resolución obliga a inmovilizar fondos provinciales hasta que se garantice el avance de los trabajos en la planta que trata los efluentes que desembocan en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata.
Un embargo para garantizar obras ambientales
El embargo fue ordenado por el juez federal Alberto Recondo, quien dispuso que el dinero quede depositado en una cuenta a plazo fijo mientras se verifica la ejecución de las obras. El objetivo es asegurar mejoras en el sistema que procesa los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada, una infraestructura clave para el saneamiento ambiental de la región.
La decisión judicial se basó en peritajes de la Universidad Nacional de La Plata, cuyos informes advirtieron sobre un nivel elevado de contaminación por vertidos sin tratamiento adecuado en el sistema hídrico.
La respuesta del gobierno bonaerense
Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que el embargo resulta financieramente inviable y que el financiamiento de este tipo de obras históricamente depende de recursos nacionales o de créditos internacionales.
Funcionarios provinciales también vincularon la demora en los proyectos con la interrupción de transferencias de infraestructura desde el gobierno nacional y con demoras en líneas de crédito provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Reclamos ambientales y decisión pendiente
La situación del sistema cloacal de la región fue denunciada durante años por organizaciones vecinales y ambientales de La Plata, Berisso y Ensenada, que alertaron sobre olores, contaminación del Río de la Plata y la insuficiente capacidad de la planta actual.
Ahora la Cámara de Apelaciones deberá analizar la presentación del gobierno provincial y decidir si mantiene el embargo dispuesto por el juez o si habilita un nuevo plazo para que la Provincia presente un plan de obras verificable para el saneamiento del sistema cloacal.
