Los acusados por el conflicto interno de la UOCRA apelarán la prisión preventiva y buscan su liberación

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El abogado defensor Germán Oviedo criticó la resolución dictada por el juez Silva Pelossi y adelantó que solicitará la excarcelación de los imputados, argumentando que no existen pruebas que acrediten la existencia de un plan homicida.

Luego de que el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi resolviera imponer prisión preventiva a siete de los ocho procesados por la violenta disputa interna en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata, la defensa legal de los involucrados anunció que apelará la medida ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal.

El letrado Germán Oviedo, quien representa a varios de los imputados, aseguró que en la resolución judicial “no se evidencian fundamentos suficientes para sostener que existió una tentativa de homicidio”. En este contexto, presentará formalmente el recurso en los próximos días, con la intención de revertir la situación procesal de los miembros de la Agrupación Blanca y Azul del sindicato, encabezada por Iván “El General” Tobar. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic los acusa de haber llevado a cabo una emboscada violenta contra sectores rivales, tanto en la vía pública como en el Hospital San Roque de Gonnet.

La línea argumental de la defensa se enfoca en refutar la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal: Oviedo sostiene que “no existió premeditación ni una organización con fines homicidas”, sino un enfrentamiento entre distintos grupos del gremio en un contexto de alta tensión. En su presentación ante la Cámara, insistirá en que los hechos deben encuadrarse como lesiones, descartando la tentativa de homicidio agravado, lo cual implicaría un cambio sustancial en la situación jurídica de los imputados.

Asimismo, Oviedo buscará desestimar la figura de “instigador” atribuida a Tobar, quien fue señalado como el supuesto autor intelectual del ataque por su rol como líder de la agrupación, los vínculos con los presuntos agresores y su aparición en grabaciones que registran el desplazamiento de la caravana de atacantes.

El magistrado Silva Pelossi resolvió dictar prisión preventiva para Tobar, sus hijos Rodrigo y Santiago Tobar, Luis Nievas, Nehuén García, Emiliano D’Amico, Braian Gamarra y Franco Gamarra, todos ellos imputados por “tentativa de homicidio agravada por la participación premeditada de varias personas y uso de armas de fuego, en concurso real con daño agravado”. La única persona que no quedó detenida fue Víctor Alexis Ybarra, quien aparece en videos manejando uno de los vehículos, aunque el juez determinó que no hay pruebas que lo vinculen con el ataque dentro del hospital.

Graves incidentes en el Hospital San Roque

Los episodios investigados ocurrieron el 25 de marzo de 2025 y se desarrollaron en dos momentos clave: el primero, una agresión con golpes y puñaladas a Fernando Sacconi en la vía pública; el segundo, una irrupción violenta en el Hospital San Roque, donde al menos cuatro individuos resultaron heridos por el uso de cuchillos, caños, hachas y armas de fuego. Entre los heridos se encuentra Cristian Camilleri, líder de la barrabrava de Gimnasia apodado “El Volador”.

Los hechos causaron gran conmoción en la comunidad y varios momentos del ataque fueron registrados en video por testigos presenciales. El hospital sufrió importantes daños materiales y varios trabajadores del centro de salud resultaron lesionados, aunque ninguno de gravedad.

La apelación, próxima instancia en la disputa judicial

Con el recurso en proceso, la Cámara Penal de La Plata se convierte ahora en el escenario donde se dirimirá la próxima fase del proceso judicial. Aunque los plazos para la resolución son ajustados, fuentes cercanas al tribunal indicaron que la decisión del juez Silva Pelossi se encuentra sólidamente fundamentada y respaldada por pruebas consistentes, lo que podría dificultar su revocación.

Simultáneamente, la investigación sigue su curso. El fiscal Petit Bosnic espera el resultado de nuevas pericias sobre telefonía, geolocalización, comunicaciones y ADN, las cuales podrían fortalecer la acusación o derivar en nuevas imputaciones. No se descarta que se evalúe la posible existencia de una asociación ilícita si se confirma que los acusados actuaron como parte de una estructura criminal con funciones asignadas.

La interna sindical continúa generando tensiones en La Plata. La dirigencia nacional de la UOCRA intenta desvincularse de los hechos para evitar que afecten el desarrollo de las obras en curso, pero la violencia todavía marca el pulso del conflicto. La participación de barras bravas y la exhibición de armas en plena vía pública reavivaron las alertas.

Hasta el momento, la conducción nacional del gremio se limitó a emitir declaraciones respecto del avance judicial, mientras que en el ámbito local los operadores judiciales advierten que el caso se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la violencia sindical puede trasladarse a espacios públicos con niveles de riesgo elevados. Mientras tanto, la apelación presentada por la defensa intenta abrir una instancia que frene el desgaste judicial de Tobar y su círculo más cercano. Sin embargo, el volumen de pruebas crece y será la Cámara la que decida si los acusados deben enfrentar el juicio en libertad o detenidos. En La Plata, la disputa gremial continúa librándose en todos los frentes: en la calle, en los hospitales… y en los estrados judiciales.

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