El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por fentanilo contaminado que dejó casi cien muertes en distintas provincias, revisaba reportes de desvíos en la producción de fármacos, entre ellos un lote de diclofenac vinculado a reacciones adversas graves.
La pesquisa incluyó más de cien expedientes de la ANMAT sobre irregularidades detectadas en distintos laboratorios. Entre los casos más relevantes figuraba el lote 20206 de diclofenac elaborado por Laboratorio Ramallo, objeto de una alerta sanitaria en 2019 tras la internación de una joven en Mar del Plata. Entre 2018 y 2019 se habían reportado 29 casos de reacciones adversas al medicamento en Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos, con un patrón vinculado al uso del excipiente Cremophor, ausente en las fórmulas de otros fabricantes.
Pese a las advertencias, profesionales de hospitales en La Rioja y Buenos Aires denunciaban que los lotes no se retiraban de circulación. La ANMAT recién sugirió su retiro el 12 de febrero, cuando el expediente pasó a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo. Este proceso se desarrollaba en paralelo a la investigación por el fentanilo adulterado, que involucraba a HLB Pharma y al propio Laboratorio Ramallo, donde se incautaron cinco kilos de la sustancia, parte ya utilizada en ampollas hospitalarias.
El Gobierno nacional reclamaba la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, a quien señalaba como responsable de los lotes contaminados y como empresario con supuestos vínculos políticos y comerciales con gestiones anteriores. Además, advertía que, si el magistrado no actuaba de inmediato, sería recusado, recordando que es hermano del ministro de Salud bonaerense. Desde la Casa Rosada afirmaban que la actual administración ordenó la inspección que derivó en la inhabilitación del Laboratorio Ramallo meses antes de la primera muerte registrada, y aseguraban que las dosis contaminadas ya fueron retiradas del mercado.
