Tres casos recientes evidenciaron decisiones opuestas de la Justicia platense: imputados que permanecieron libres, otros que pasaron más de un año en prisión y condenas confirmadas sin detención.
La confirmación de la condena a 9 años de prisión para Axel Nahuel D’Elía, responsable de la muerte de Iván Gómez en una picada ilegal en el Bosque platense, volvió a instalar el debate sobre la ausencia de un criterio unificado en los tribunales de La Plata para resolver causas de homicidio simple con dolo eventual. Mientras D’Elía atravesó todo el proceso en libertad, otros imputados por hechos similares permanecieron en cárceles comunes o bajo arresto domiciliario, generando cuestionamientos de familiares y abogados defensores.
La disparidad se hizo evidente al comparar tres expedientes recientes. D’Elía fue condenado en primera instancia y su pena ratificada por la Casación bonaerense, pero nunca quedó detenido. En cambio, Felicitas Alvite, conocida como La Toretto, pasó más de un año en prisión por la muerte de Walter Armand antes de obtener la domiciliaria, pese a haberse quedado en el lugar del hecho y asistido a la víctima. El tercer caso es el del abogado Maximiliano Insaurralde, acusado por la muerte de la médica Ana Fiorino en agosto de 2024: permanece detenido desde entonces con prisión preventiva confirmada, en un proceso que aún no llegó a juicio.
Especialistas explican que el dolo eventual se configura cuando alguien, sin proponerse directamente matar, actúa aceptando la posibilidad de un desenlace fatal. En homicidios viales, los jueces suelen aplicarlo ante conductas como picadas ilegales, exceso de velocidad o maniobras temerarias. Sin embargo, la práctica muestra que la prisión preventiva —medida que debería ser excepcional— se utiliza de manera dispar, lo que alimenta la percepción social de una justicia desigual. En La Plata, frente a hechos con patrones similares, algunos imputados permanecen libres, otros esperan juicio tras las rejas y otros cumplen arresto domiciliario.
