La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fijó su posición frente a la decisión del Gobierno nacional de promulgar y suspender al mismo tiempo la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la institución señalaron que no cuentan aún con la información técnica necesaria para definir si acompañarán una acción judicial como la que ya resolvió la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero confirmaron que su equipo jurídico estudia alternativas para resguardar los intereses institucionales.
La UBA resolvió por unanimidad iniciar una demanda contra el decreto que frena la aplicación de la Ley N°27.795, al considerar que vulnera la Constitución y agrava la crisis del sistema universitario público. En La Plata, en cambio, la conducción adoptó una postura de rechazo político y cautela jurídica, con análisis a cargo del servicio legal de la Presidencia y de especialistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Voceros de la UNLP remarcaron que la medida presidencial constituye “un tema jurídicamente muy delicado” y que las definiciones se tomarán tras una evaluación detallada.
En la conducción universitaria también expresaron su preocupación por la falta de Presupuesto 2026, ya que ese debate será determinante para medir el alcance de la suspensión. Recordaron que la Ley, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, establecía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas junto con la recomposición salarial de docentes y no docentes. Sin embargo, el Ejecutivo decidió frenar su aplicación hasta que el Parlamento determine fuentes y partidas específicas.
La decisión generó un fuerte malestar en el ámbito académico. Mientras la UBA avanzaba con una estrategia judicial, en la UNLP consideraban que la mejor respuesta debía surgir de un análisis integral de las consecuencias legales y presupuestarias. “Lo que está claro es que la Universidad, al igual que el resto del sistema, rechaza los términos del decreto”, sintetizaron desde la institución platense.
