A través del Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó una norma vigente desde 1993 y habilitó a las instituciones a fijar libremente sus aranceles. Especialistas advierten que la medida podría provocar aumentos y profundizar desigualdades.
El Gobierno nacional derogó el Decreto 2.417/1993, que durante más de tres décadas reguló los aranceles de los colegios privados, y estableció que las instituciones podrán fijar cuotas y matrículas sin autorización del Estado. La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial, marca el fin de un esquema de control estatal instaurado hace 31 años.
El nuevo Decreto 787/2025 argumenta que la normativa derogada imponía “limitaciones y requerimientos” que dificultaban la adaptación de los establecimientos privados a las condiciones económicas actuales. El texto oficial sostiene que la intervención estatal generaba rigideces, impidiendo a los colegios ajustar sus tarifas ante la inflación o el aumento de los costos operativos.
Desde el sector educativo, especialistas alertaron que la desregulación podría derivar en incrementos significativos de las cuotas y una mayor brecha en el acceso a la educación privada. En tanto, el Gobierno fundamentó que la medida busca “favorecer un entorno de libre competencia” y garantizar la sostenibilidad económica de las instituciones.
El decreto también instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar el Decreto 2.542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada, con el fin de actualizar el marco legal del sistema y avanzar hacia un modelo basado en la autonomía y autorregulación de los institutos educativos.
