Tras cuatro meses sin cobrar y con la fábrica cerrada desde octubre, los operarios exigen el pago de indemnizaciones o una intervención estatal que permita retomar la producción bajo gestión obrera.
Los trabajadores de Acerías Berisso profundizaron el conflicto con la empresa y reclamaron la expropiación de la planta para conformar una cooperativa que les permita volver a trabajar. Denunciaron abandono de la patronal, salarios impagos desde hace cuatro meses y la falta de definiciones sobre su situación laboral, luego del cierre de la fábrica registrado el 6 de octubre, cuando se encontraron con el predio clausurado al llegar a cumplir su jornada.
El conflicto arrastró una serie de episodios durante 2025: en abril comenzaron los atrasos salariales; en septiembre la empresa anticipó un recorte de personal; y en octubre se produjo el cese total de la producción en la planta ubicada en 128 entre 4 y 5. Tras el cierre, los operarios tomaron la fábrica para evitar el retiro de maquinarias. Luego intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense, dictó conciliación obligatoria y la patronal anunció que avanzaría hacia la quiebra, sin cumplir con pagos ni explicaciones.
En este escenario, los trabajadores sostuvieron la protesta con asambleas, movilizaciones y acciones de visibilización, mientras sobrevivían con ayuda de la UOM y actividades solidarias. El delegado gremial Carlos Lazarte afirmó que la deuda supera cuatro meses de salario y el aguinaldo, y señaló que ya se cumplieron los plazos legales para reclamar la continuidad productiva como fábrica recuperada. Según explicó, la empresa buscó desgastar al personal para “arrancar de cero” con otros trabajadores y reducir costos laborales vinculados a antigüedad y categoría.
La tensión volvió a escalar este miércoles, cuando un grupo de operarios realizó un segundo escrache frente a la vivienda de uno de los propietarios, en Villa Elisa, con pasacalles y pintadas reclamando la reapertura de la planta y la reincorporación de todo el personal. Desde el colectivo de trabajadores insistieron en que la única salida viable es la intervención del Estado, ya sea para garantizar las indemnizaciones o para avanzar con la expropiación que permita recuperar la producción metalúrgica bajo gestión cooperativa.
