El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 dictó la sentencia por el crimen de la niña de 7 años ocurrido durante un robo en Altos de San Lorenzo en febrero de 2025. El fallo corresponde al principal acusado, que tenía 17 años al momento del hecho.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente hallado culpable por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un auto durante un robo en Altos de San Lorenzo.
Los jueces consideraron acreditada su responsabilidad en el delito de homicidio en ocasión de robo, ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando el acusado tenía 17 años. Por su edad al momento del hecho, el proceso se desarrolló bajo las normas del régimen penal juvenil.
El juicio y las pruebas presentadas
La sentencia se dictó luego de varias audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa, donde el debate se desarrolló a puertas cerradas, tal como establece la legislación vigente para causas que involucran a menores.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que incluyeron cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y pericias técnicas que permitieron reconstruir la secuencia del robo y la fuga del vehículo. Entre los testimonios más impactantes estuvo el de Florencia Barboza, madre de la víctima, quien relató ante el tribunal cómo se produjo el hecho.
La situación del segundo adolescente
La investigación también incluyó a un segundo adolescente que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen. Debido a su edad fue declarado no punible, por lo que no fue juzgado en el proceso penal.
La Justicia dispuso su alojamiento en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad, donde permanecerá bajo seguimiento interdisciplinario durante dos años, con intervención de equipos técnicos especializados.
Un caso que reabrió el debate sobre la imputabilidad
El asesinato de Kim Gómez provocó una fuerte conmoción en La Plata y en todo el país. El hecho derivó en marchas, reclamos de justicia y un intenso debate político sobre la edad de imputabilidad en Argentina, fijada actualmente en 16 años.
Mientras algunos sectores impulsaron revisar el régimen penal juvenil, especialistas en niñez y derechos humanos plantearon la necesidad de fortalecer políticas de prevención, inclusión social y abordaje de la violencia juvenil.
